España se ha fijado unos ambiciosos objetivos climáticos para los próximos años. Estos compromisos, alcanzados en el marco de programas e iniciativas supranacionales como la Agenda 2030, hacen que cambiar el paradigma en el modelo energético del país sea un proceso imparable. El Gobierno ha puesto en el centro del nuevo modelo fuentes de energía renovables y limpias de emisiones de partículas contaminantes. Sin embargo, el nuevo modelo debe tener un enfoque integrador que sea capaz de dar respuesta y adaptarse a las diferentes realidades que se viven en el conjunto del país y de Europa.
Las zonas rurales y aquellas que son más inaccesibles o están más alejadas, no disponen del acceso a las energías convencionales o a las energías renovables discontinuas. Esto hace que el proceso de transición energética avance a ritmos diferentes en función de la geografía y que se encarezcan notablemente las fuentes de energías renovable o de gas en el medio rural; o que incluso, directamente, se haga imposible su suministro en determinados casos.
Según los datos que aporta Liquid Gas Europe, 40 millones de hogares de la UE no están conectados a la red de gas y el 25% de la población de las zonas rurales está en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, señala que las zonas rurales, montañosas y remotas constituyen el 83% de la superficie total de la UE y albergan el 31% de la población. En el caso de España, el 85% del territorio corresponde a áreas rurales, en las que habita un 15% de la población.