20/12/23
Casi el 70% de los hogares invertiría un máximo de 1.500 euros en cambiar su sistema de calefacción y sólo el 8% destinaría más de 3.000, cuantías muy inferiores al coste de instalar bombas de calor, que estudios recientes cifran entre 3.600 y 28.500 euros.
A ocho de cada diez españoles les preocupa mucho o bastante el gasto que supondría cambiar sus sistemas de calefacción y/o calentador de agua por uno totalmente eléctrico. Así se desprende de una encuesta elaborada por 40dB, a petición de la Asociación Gas Licuado (AGL) y la Asociación Española del Gas (Sedigas), para conocer la actitud de la ciudadanía ante las medidas de eficiencia energética y su impacto económico sobre los hogares españoles. Las 1.500 entrevistas realizadas revelan porcentajes muy similares entre quienes dicen que dicho gasto les preocupa “mucho” (41,3%) y “bastante” (38,3%) hasta sumar un 79,6% del total; la preocupación es aún mayor entre quienes tienen calefacción o calentador de gasóleo (94,5%) y aquellos que cuentan con caldera de gas natural (88%).
Además de la preocupación de los hogares españoles, el estudio cuantifica la inversión que estarían dispuestos a asumir: el 69,2% fija su límite en 1.500€, el 22,5% subiría a la horquilla entre 1.500 y 3.000 euros y rebasarían esta inversión apenas un 8% de los españoles. Se trata de cifras que no cubrirían las adaptaciones que requerirían muchos domicilios españoles, según dos estudios recientes. En un artículo del mes de septiembre, la OCU tasaba el coste de las bombas de calor aerotérmicas en la horquilla entre 3.600 y 12.700 euros, a los que sumar el coste de la instalación, de entre 2.000 y 8.000€ (más IVA). Más elevado es el precio que indicaba un estudio de la Organización Europea de Consumidores BEUC publicado en julio que recoge presupuestos para instalar bombas de calor agua-agua y oscilan en un intervalo de entre 6.400 y 28.500€, sin IVA. Cuantías, en definitiva, muy superiores a la que los hogares españoles están en disposición de afrontar.
En relación con la inversión, los gases renovables se erigen como una de las opciones que suscitan un mayor respaldo. Un 85,8% de los encuestados apoyaría la I+D en alternativas como el gas renovable o de origen orgánico que permitirían seguir comercializando sistemas de caldera y, además, evitarían modificar los equipos actuales, con lo que los ciudadanos eludirían dicho coste.
El estudio permite desglosar los resultados por perfil demográfico al analizar la penetración de cada sistema (calderas/eléctricos, individual/central, previsión de cambio) y pulsar la opinión en torno al cambio climático, lo que permite cruzar esas respuestas con las preguntas que ahondan en la inversión derivada de las medidas de eficiencia. Del primer bloque, destaca que la gran mayoría los hogares (84%) tiene un sistema individual, entre los que las calderas de gas natural son el más habitual y, junto a las de butano/propano o gasóleo superan a los sistemas eléctricos (56,3% frente a 40,2%).
Entre quienes tienen sistemas de caldera, un 63,5% no tiene previsto ningún cambio en el próximo año y, dentro del 36,4% que sí se lo plantea, casi 6 de cada 10 (56,9%) afirman que seguirán utilizando equipos no eléctricos. El precio de la instalación y la satisfacción con este tipo de sistemas son los principales motivos para esta elección, aunque también destaca que el 22,4% de los encuestados considera que los sistemas eléctricos no son eficientes para su casa. La mitad de las próximas renovaciones costarán entre 1.500 y 3.000€.
Según el estudio, el cambio climático es un hecho real y fruto de la acción humana para cuatro de cada cinco españoles. Una percepción que motiva comportamientos como apagar la luz o tomar duchas cortas, pero que se torna en pesimismo al hablar de metas ambientales. En esta línea, tres de cada cinco ciudadanos creen que España no alcanzará sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero. Los españoles expresan, en definitiva, su voluntad de luchar contra el cambio climático, pero admiten tener una capacidad limitada de contribución a título individual, consecuencia probable de una situación económica incierta y, en no pocos casos, precaria.
Este escenario es consistente con las reclamaciones de AGL, que pide no desincentivar el uso del gas y del gas licuado en el corto plazo como vectores de descarbonización ya que, mientras se van incorporando progresivamente los gases renovables, se dispone de una solución inmediata y eficiente. Ambas asociaciones coinciden en exigir un entorno tecnológicamente neutro y en defender una transición justa que dé respuesta a las diferentes realidades que se viven en España, donde las regiones ultraperiféricas y las zonas rurales, de difícil acceso en muchas ocasiones, no disponen de acceso a las energías convencionales.