La transición energética debe desarrollarse de forma compatible con la cohesión social y territorial. Defendemos que las políticas públicas consideren y se adapten las distintas realidades energéticas que conviven en España, especialmente en zonas rurales e insulares, donde las condiciones geográficas, la dispersión de la población o la disponibilidad de infraestructuras pueden plantear desafíos específicos.
Asimismo, la descarbonización no debe traducirse en mayores costes para los hogares ni generar nuevas situaciones de vulnerabilidad. En este contexto, el bioGLP y el rDME pueden contribuir a una transición asequible, aprovechando instalaciones e infraestructuras ya existentes. Su capacidad de almacenamiento y su facilidad de transporte y distribución permiten, además, dar respuesta a las necesidades energéticas de territorios donde el suministro de energía presenta mayores complejidades, favoreciendo una transición equilibrada que no deje atrás a ningún consumidor ni territorio.