El actual sistema de precios regulados, que se estableció de manera transitoria en 1998 y que es fijado por el gobierno, no ha sido ajustado para reflejar los aumentos en los costes del sector. En el caso del GLP es el llamado Coste de Comercialización el que debe reflejar y compensar adecuadamente todos los costes de comercialización del gas licuado en los que incurren los operadores y la cadena de transporte y distribución.
En este caso concreto, lleva sin ser correctamente actualizado desde 2015 (Orden IET/389/2015), debido a que no permite trasladar suficientemente el impacto de la inflación ni la pérdida de escala por decrecimiento del mercado. Esto ha provocado que los operadores y las empresas de distribución, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, operen con pérdidas. La diferencia entre el aumento del IPC desde la entrada en vigor de la Orden IET/389/2015 (21,9%) y el ajuste del término C (solo 8,6%) refleja esta desconexión. Una regulación adecuada debe equilibrar los costes de las empresas que se encargan de la distribución, transporte y comercialización del gas.
Además, el sector ha tenido que asumir nuevas obligaciones financieras que no se reflejan en los precios regulados, como las contribuciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que han aumentado en un 90% entre 2023 y 2024.
Por ello, desde AGL pedimos la revisión y actualización del término C, para que refleje adecuadamente las condiciones del mercado, garantice el acceso a esta fuente de energía esencial y asegure la sostenibilidad financiera de un sector que apuesta por la innovación, mientras camina hacia la descarbonización de la sociedad.